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La discusión planteada por el concejal Leandro Costa Brutten respecto de la suspensión de multas vinculadas a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a poner sobre la mesa una realidad que miles de vecinos, transportistas y turistas experimentan a diario: el preocupante estado de las rutas nacionales que conectan a Bariloche con el resto del país.
Más allá de la viabilidad jurídica de la propuesta, el planteo expone una contradicción que merece ser analizada. Por un lado, el Estado exige a los ciudadanos cumplir con requisitos técnicos, controles vehiculares y obligaciones que buscan garantizar la seguridad vial. Por otro, quienes recorren las rutas nacionales 40 Sur y 237 se encuentran con tramos deteriorados, falta de mantenimiento y una infraestructura que, en numerosos sectores, parece lejos de ofrecer las condiciones mínimas de seguridad que también deberían estar garantizadas.
La seguridad vial no puede ser una responsabilidad unilateral. No alcanza con exigir vehículos en condiciones si las rutas por las que circulan se encuentran abandonadas. Tampoco alcanza con aplicar multas cuando la otra parte de la ecuación, el mantenimiento de la red vial, no recibe las respuestas necesarias. El cumplimiento de las normas debe ser acompañado por el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
En ciudades como Bariloche, donde la conectividad terrestre resulta fundamental para la vida cotidiana, el turismo y la actividad comercial, el deterioro de las rutas deja de ser un problema meramente administrativo para convertirse en una cuestión económica, social y humana. Cada bache, cada tramo inseguro y cada obra postergada representan mayores costos, riesgos de accidentes y una imagen negativa para quienes llegan a nuestra región.
La discusión tampoco debería reducirse a una confrontación política entre jurisdicciones. Lo verdaderamente importante es encontrar soluciones. Los vecinos no necesitan discursos cruzados ni disputas de competencias; necesitan rutas transitables, planificación y respuestas concretas. Los impuestos destinados a la infraestructura deben traducirse en obras visibles y en condiciones seguras para quienes utilizan diariamente las carreteras.
Quizás el aspecto más relevante del debate sea que vuelve a poner en el centro una pregunta esencial: ¿puede exigirse plenamente el cumplimiento de una obligación cuando el propio Estado no cumple con la suya?
La respuesta exige un debate serio, responsable y despojado de oportunismos. Porque detrás de cada reclamo hay trabajadores, familias, turistas y transportistas que necesitan algo tan básico como llegar a destino de manera segura.
Las rutas no son solamente caminos de asfalto. Son los puentes que unen comunidades, sostienen economías regionales y, muchas veces, protegen vidas. Cuando se deterioran, también se deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de cuidarlas.
El desafío no es suspender multas ni multiplicar sanciones. El verdadero desafío es recuperar la responsabilidad compartida y garantizar que tanto los ciudadanos como el Estado cumplan con la parte que les corresponde.
Editorial | EL LUGAR DEL ENCUENTRO – PANORAMA PATAGÓNICO 🌄📰
