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En el juicio por el caso Los Sauces, terminó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que detalla cómo, según la acusación, la inmobiliaria de la familia Kirchner recibió fondos mediante alquileres a empresas relacionadas con contratistas del Estado. El expediente atribuye a esos contratos un papel central en una presunta maniobra de lavado de activos. La lectura de la acusación no equivale a una condena.
Entre enero de 2009 y marzo de 2016, Los Sauces facturó cerca de $29,4 millones, y la acusación atribuye el 88% de esos ingresos a compañías de los grupos de Báez y de Indalo, vinculado a López y Fabián De Sousa. La fiscalía sostiene que parte de los inmuebles se alquiló sin una necesidad comercial clara o a valores superiores a las tasaciones de mercado. También cuestiona pagos sin garantías y operaciones cuya causa comercial considera inexistente.
En el caso de Indalo, el expediente analiza alquileres de departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, además de pagos por espacios comunes. Para uno de los contratos, compara los cánones abonados por Inversora M&S con las tasaciones oficiales, que eran inferiores. La acusación también objeta que una empresa pagara el alquiler de una vivienda destinada al uso personal de De Sousa y que se facturaran amenities del edificio pese a que, según la fiscalía, ya estaban comprendidos en otro alquiler.
Para las empresas vinculadas a Báez, el requerimiento examina contratos por departamentos en Río Gallegos. En un caso, compara lo que Los Sauces habría percibido de una constructora con los ingresos posteriores de alquileres a particulares; en otro, sostiene que la diferencia entre el canon acordado con Austral Construcciones y el obtenido al alquilar las unidades a nuevos inquilinos evidencia un sobreprecio. Son conclusiones planteadas por la acusación en el marco del proceso.
El escrito también analiza el Hotel La Aldea, en El Chaltén, cuya explotación estuvo a cargo de Valle Mitre. Según la tasación citada en el requerimiento, el valor del establecimiento al momento de su compra superaba ampliamente el precio declarado. La fiscalía sostiene que los cánones pagados durante la concesión permitieron recuperar rápidamente ese importe y cuestiona la lógica económica de la operación. El caso continúa bajo análisis judicial.
