La comunidad de la UBA llevó su reclamo por el financiamiento hasta Tribunales

Estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron el miércoles 4 de noviembre una marcha con velas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización partió de Plaza Houssay y llegó hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia. Participaron la FUBA, la FUA, ADUBA, APUBA y centros de estudiantes, en una protesta que expuso el conflicto por los fondos para las instituciones, los salarios y las becas.

La comunidad de la UBA llevó su reclamo por el financiamiento hasta Tribunales
La marcha con velas avanzó desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Justicia para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

La norma, sancionada en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer los recursos universitarios y actualizar los salarios. Aunque el presidente Javier Milei la vetó, el Congreso insistió con su aprobación al reunir los dos tercios necesarios. El Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero supeditó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias, una condición que está en el centro de la disputa entre el Gobierno y las universidades.

El conflicto también tiene una instancia judicial. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el apartado del decreto 759/2025 que había habilitado la suspensión de la ley y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de inmediato. El Gobierno apeló esa decisión de primera instancia, por lo que la controversia continúa sin una resolución definitiva informada en la cobertura.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla transferencias por 7,7 billones de pesos, mientras que las universidades reclaman 11 billones. El Gobierno sostiene que cualquier aumento debe ser compatible con el equilibrio fiscal; las autoridades universitarias buscan apoyo de bloques opositores y gobernadores para elevar los fondos. También advierten sobre un clima de creciente tensión en las casas de estudio y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no se resuelven las demandas salariales y materiales.

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